Reporteros Sin Fronteras (RSF) alerta sobre el aumento de las amenazas, las persecuciones judiciales y las medidas de asfixia financiera contra la prensa bajo el gobierno del presidente Nayib Bukele. Una represión que ya ha obligado al exilio a decenas de profesionales de los medios.
RSF y sus socios, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) y la Asociación Salvadoreña de Radiodifusión Participativa (ARPAS), han documentado 53 casos de exilios forzados de periodistas salvadoreños en los últimos seis meses. La APES, una de las principales organizaciones defensoras de la libertad de prensa en el país, también se vio obligada a abandonar el territorio en mayo de 2025. “Los periodistas fueron asfixiados: primero por la persecución y la amenaza de prisión, luego por la asfixia financiera”, explicó a RSF Sergio Aráuz, presidente de la APES, actualmente en el exilio.
Persecuciones judiciales, vigilancia policial, campañas de odio y ciberacoso conforman un patrón represivo que se ha intensificado desde mayo de 2025. Esta ola ha obligado a los periodistas salvadoreños a huir, destruyendo redacciones enteras, como la de la revista digital Mala Yerba, que tuvo que cesar sus actividades tras el exilio de todo su personal. La mayoría del equipo de El Faro tuvo que reubicarse en Costa Rica, tras recibir alertas sobre una inminente operación policial en su contra. A la vigilancia y las intimidaciones se suman los ataques misóginos contra mujeres periodistas, como lo demuestra el caso de Loida Martínez Avelar, de la revista Factum, quien abandonó el país después de meses de acoso por una investigación sobre corrupción en el Ministerio de Salud.
La represión también se manifiesta a través de una estrategia de asfixia financiera contra los medios. Mientras muchas redacciones sufren confiscaciones de equipos, los medios independientes que reciben fondos del extranjero son víctimas de la Ley de Agentes Extranjeros. En vigor desde septiembre de 2024, esta ley impone un impuesto del 30 % sobre los fondos internacionales y multas que pueden alcanzar los 250,000 dólares (aproximadamente 213,804 euros), haciendo imposible la actividad de estos medios en El Salvador. Óscar Orellana, director de ARPAS —que agrupa a 22 asociaciones y 17 emisoras de radio—, explicó que la organización cumplió con los requisitos para su registro, pero no recibió respuesta hasta la fecha, y lamenta el cerco que esta ley impone: “Si nos registramos, nos obligan a callar; si no lo hacemos, nos cierran. En ambos casos, significa silenciar a la prensa.”
